Estos son los 23 derrumbes que denunciaron los legisladores porteños:
Dos obreros estuvieron atrapados y fueron rescatados tras un derrumbe en una obra en demolición en el barrio de Caballito, Valle al 1100. Fue en septiembre de 2008.
Cuatro meses más tarde, en Billinghurts 1153, seis personas sufrieron lesiones al caerse un encofrado de un edificio.
Durante febrero, en la calle Chacabuco al 1000, en el barrio de San Telmo, se derrumba una medianera que separaba una panadería de una residencia universitaria. Sin víctimas.
El 16 de mayo, en el barrio de Floresta, dos heridos deja un derrumbe en una obra en construcción. Fue en la calle San Nicolás al 800.
El obrero Gustavo Lescano, paraguayo de 28 años, fallece el 27 de octubre de 2009 cuando una medianera se derrumba en una obra en construcción en la calle Sánchez de Loria 1100. Dos meses antes se habían solicitado las inspecciones correspondientes.
En diciembre de ese mismo año, un hombre murió y otro resultó herido al derrumbarse una losa de una vivienda refaccionado en Córdoba y Pringles.
Esa misma semana, se desploma el techo de una obra en construcción en Mataderos con el resultados de seis personas heridas.
Ya en el 2010, no se registraron heridos en un local comercial en el barrio de Colegiales. Se derrumbó mientras estaba siendo refaccionado.
Nuevamente en Caballito, pero en marzo de 2010, se derrumba una medianera de un edificio lindero a una obra en construcción en la calle Calasanz. Tampoco hubo víctimas.
Días más tarde, mientras una familia esta comiendo en su casa se derrumba una medianera en la calle José Mármol al 800, en Boedo. Ninguno resultó herido.
Tres pisos de un edificio que estaba siendo refaccionado caen entre las calles Viamonte y Esmeralda, en pleno centro porteño, sin ocasionar heridos en julio de 2010.
El 8 de agosto mueren tres personas en el derrumbe del gimnasio ubicado en la calle Mendoza 5030, en el barrio de Villa Urquiza.
Tres días más tarde, una nena resulta herida al desplomarse una obra en construcción en Villa del Parque, en las calles Alvarez Jonte y Condarco.
El 10 de septiembre de 2010 se derrumba el boliche Beara, lleno de jóvenes en ese momento de la noche. Dos muertos y 36 heridos graves.
Vuelve a derrumbarse una vivienda en Villa Urquiza, esta vez sin heridos, en Roosevelt y Triunvirato.
En enero de 2011, fallece un obrero de 42 años. El derrumbe se produjo por las vibraciones de un tractor que estaba trabajando en Lacarra y Riestra.
El mismo mes, vecinos de Parque Chas denunciaron inestabilidad en una obra, pero fueron ignorados: cedió la medianera.
Detrozos y graves daños materiales se produjeron cuando una grúa cae desde 35 metros de alto en Las Cañitas, en la calle Báez al 500.
En abril de 2011, se registran tres heridos al derrumbarse una medianera en Lafinur al 3.000.
En agosto de este año, un obrero quedo herido con el derrumbe de un encofrado en una obra en construcción en el barrio de Floresta, en las calles Campana y Bacacay.
El mismo mes, cede el cielorraso de cuatro aulas de la Escuela n°3 B. Irigoyen, ubicada en Montes de Oca al 400, Barracas.
Hace apenas poco más de un mes, en Directorio 428, fallece un obrero de 23 años al ceder el techo de una edificación a punto de ser demolida.
Se derrumba el edificio ubicado en Bartolomé Mitre al 1200. Hay un muerto y varios damnificados. Los vecinos también habían hecho la denuncia de una obra vecina.
miércoles, 30 de noviembre de 2011
miércoles, 23 de noviembre de 2011
El precio del descontrol
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-2171-2011-11-12.html
En menos de tres años ya hubo ocho muertos y 47 heridos en obras en construcción. En ninguno de esos casos hubo algún problema técnico real, sólo los efectos de la garantía de impunidad del gobierno porteño.
Por Sergio Kiernan
La vida de Isidoro Madueña es apenas otro costo para los especuladores inmobiliarios. El señor vivía en el edificio que se derrumbó en la calle Bartolomé Mitre y no escuchó que había que evacuar. Este jueves, los perros encontraron su cadáver aplastado en lo que quedaba del tercer piso. Habían pasado seis días y lo habían buscado sólo por el creciente escándalo y desesperación de su hijo. De hecho, el gobierno porteño había decidido demoler de inmediato el edificio y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, hasta había dicho que encontrarían a Madueña cuando demolieran todo.
Esta actitud de frialdad ante la vida de los otros muestra el centro exacto de la política macrista, que es la garantía a los negocios más especulativos de la industria de la construcción. Lo que ocurrió en la calle Bartolomé Mitre no es un accidente, una desgracia, sino la consecuencia de una oferta bien recibida de impunidad y protección. Es que Mauricio Macri sólo se ganó la vida en la construcción, como su ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, el subsecretario de Planeamiento Héctor Lostri y absolutamente todos los funcionarios relevantes que pudieron nombrar desde 2007. Otros sectores deben envidiar la red protectora que el gobierno porteño brinda a sus colegas.
Buenos Aires tiene un terreno suave y allanado, sin problemas sísmicos y apenas aguas de más allá abajo. Pero los viejos arroyos están mapeados desde siempre y todo el mundo sabe que en la costa se encuentran los esponjosos terrenos de los rellenos, con lo que se toman las precauciones técnicas necesarias. La razón excluyente para este tipo de accidentes es ahorrarse costos: las construcciones caen porque es más barato tirarse el lance de acortar la obra o evitarse gastos en terraplenados o submuraciones. Técnicamente, no hay ninguna justificación.
Macri asumió en diciembre de 2007 y prontamente empezaron a llover edificios. El 28 de abril de 2008 hubo seis heridos en Palermo cuando se derrumbó una obra recién empezada. En 2009 no hubo heridos ni muertos, pero para el año pasado se empezó a notar la maduración del sistema. Los derrumbes y accidentes comenzaron a acelerarse y el 8 de agosto ocurrió el de Villa Urquiza, idéntico al de la calle Bartolomé Mitre, que dejó tres muertos en el gimnasio vecino. Tres días después se cayó un pedazo de mampostería en Jonte y Condarco que hirió a una nena, y el 10 de noviembre hubo dos muertos y tres docenas de heridos en el boliche Beara. El 13 de febrero de este año se cayó una grúa en la obra de Las Cañitas, y exactamente dos meses después se derrumbaba una obra en la calle Lafinur, con tres heridos. El 3 de mayo moría una persona en Mataderos, el 19 de julio ocurrió otro milagro en Viamonte y Esmeralda –un derrumbe cinematográfico– y el 12 de agosto había un herido en Campana y Bacacay. El 27 de octubre los obreros salían corriendo de Independencia 2547, pero el primero de noviembre murió uno en la calle Directorio, Y ahora el señor Madueña. Ocho muertos y 47 heridos en tres años.
La respuesta del gobierno porteño en cada caso es idéntica, afirmar que no pueden poner un inspector en cada obra. Este aparente sentido común es falso por partida doble. Primero porque los inspectores sí van a las obras –y a boliches como Beara– y nunca ven nada fuera de lugar. Segundo porque nunca hubo ni habrá un policía en cada esquina, pero hasta los porteños no pasan los semáforos en rojo. Es que con las multas, las cámaras y el sistema de puntaje, hay “ambiente” de que tarde o temprano se paga la infracción y duramente.
Esa es justamente la garantía del macrismo a la industria, que no va a pagar ni mucho menos. Ahora la ciudad va a expropiar el edificio destruido y les pagará a los damnificados “a valor de mercado”, como dijeron los funcionarios. Esto toca la solidaridad de todos los que piensan en la desgracia bíblica de perderlo todo, pero transfiere el costo a los ciudadanos. ¿Y la empresa? ¿Y el arquitecto responsable? ¿Les harán juicio? ¿El CPAU llamará a un tribunal de ética?
Una curiosidad de toda esta desgracia es que el vocero del gobierno terminó siendo el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y no el de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que estrictamente hablando es el jefe de permisos, inspecciones y habilitaciones de la Ciudad. Que nadie mire a Chaín demuestra su poder real. El es quien se encarga de que no se reglamenten las leyes que afectarían a la industria de la construcción, como la 1227 de patrimonio o la más reciente que ordena inspeccionar los pozos de obra. Y es quien permite que se violen regularmente leyes aprobadas y reglamentadas de años, como la que impide construir torres al lado de inmuebles catalogados como patrimonio. Chaín se ocupó además en sus cuatro años de ministerio, de no hacer cosas como invertir en un cuerpo de inspección realmente capaz.
Una historia sin muertos ni heridos permite ver en detalle el nivel minucioso de impotencia a la que el macrismo redujo nuestra ciudad. Es la que cuenta la construcción de un edificio en French 2809, que arrancó hace menos de dos años y ya produjo un aluvión de denuncias, incluyendo penales, y un verdadero expediente administrativo de los gordos, sin resultado alguno. En Junín 2809 había un petit hotel afrancesado y de lo más “petit”, una planta baja y primer piso en un terreno irregular de algo menos de 100 metros cuadrados. A mano derecha, visto de enfrente, la casita tenía de vecino un sólido edificio racionalista. A mano izquierda, dos edificios notables y catalogados, la casa del artista Guillermo Klemm y un precioso edificio Déco. No sólo el lote era pequeño, sino que tenía los límites legales del entorno de edificios catalogados.
Pero las irregularidades empezaron desde el primer día. La casita comenzó a demolerse en julio de 2009, con un cartelito ilegible allá en las alturas. Luego apareció el permiso de demolición, fechado en diciembre de 2009. Resulta que el caso, aunque la casita era anterior a 1941, no pasó por el CAAP y tampoco se tuvo en cuenta aquello del entorno de las catalogadas. Para el verano de 2010 empezaron los trabajos y los problemas. Para empezar, el edificio no tenía cuatro pisos, como se permitía, sino ocho de doble altura. ¿Cómo se aprobó semejante cosa? Pues resulta que al ser de doble altura no se superaba la superficie máxima permitida y parece que nadie se acordó de la altura máxima permitida. El plano hasta tiene la observación oficial de que los empresarios prometen no hacer entrepisos y aumentar la superficie...
La obra fue un desastre para los vecinos. La casa Klemm presenta su frente carcomido sin piedad, con molduras rotas, y los vitrales de la claraboya fueron arruinados. El edificio del otro lado hasta se inundó en la tormenta de mayo del año pasado, porque le habían hecho unos puentes de madera a su espacio de escaleras por los que corrió el agua. El 17 de febrero la cosa se empezó a poner seria cuando de un mazazo alguien rompió la medianera y derramó ladrillos sobre la cama de una vecina, que por suerte se había levantado temprano. Terminó la policía presente, un acta de escribano con fotos, una denuncia en el CGP derivada a la autoridad competente, la dirección general de Fiscalización de Obras y Catastros, dependiente del ministro Chaín. Allí le dijeron a la vecina que “los papeles están en orden” y no quisieron entender que no era un problema de documentos sino de ladrillos cayendo.
La saga que siguió incluyó decenas de llamados al 147, el número de atención al público de la Ciudad, una fuerte recomendación de la Defensoría del Pueblo, amenazas verbales a la vecina –que incluyeron que la fotografiaran desde un auto y les dijeran a los albañiles que por culpa de ella se iban a quedar todos sin trabajo– y varias visitas de la policía. También hubo descubrimientos como que los ruidos eran fortísimos y las vibraciones tan destructivas porque el edificio se estaba ganando algún centímetro recortando las estructuras de sus vecinos. Según parece, el ancho del lote era algo menor de lo que figuraba en la escritura y querían “recuperar” la diferencia.
Las libertades que se tomaron los empresarios hasta incluyeron abrir ventanales –y no ventiletes de baños– en un par de pisos sobre la medianera a la casa Klemm. Los inspectores porteños comprobaron todo esto y no hicieron nada. Absolutamente nada: el edificio ya está terminado sin mayores problemas. Sólo la emperrada obstinación de la vecina logró que se abra hasta un sumario administrativo de la Agencia de Control, lo que hará más difícil la habilitación final. O no, porque siempre hay una solución.
El defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado, un hombre de frases certeras, suele decir que el principio que rige al gobierno porteño en estas cosas parece ser “in dubio, pro constructores”. Esto es, que son inocentes hasta cuando se demuestre su culpabilidad.
En menos de tres años ya hubo ocho muertos y 47 heridos en obras en construcción. En ninguno de esos casos hubo algún problema técnico real, sólo los efectos de la garantía de impunidad del gobierno porteño.
Por Sergio Kiernan
La vida de Isidoro Madueña es apenas otro costo para los especuladores inmobiliarios. El señor vivía en el edificio que se derrumbó en la calle Bartolomé Mitre y no escuchó que había que evacuar. Este jueves, los perros encontraron su cadáver aplastado en lo que quedaba del tercer piso. Habían pasado seis días y lo habían buscado sólo por el creciente escándalo y desesperación de su hijo. De hecho, el gobierno porteño había decidido demoler de inmediato el edificio y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, hasta había dicho que encontrarían a Madueña cuando demolieran todo.
Esta actitud de frialdad ante la vida de los otros muestra el centro exacto de la política macrista, que es la garantía a los negocios más especulativos de la industria de la construcción. Lo que ocurrió en la calle Bartolomé Mitre no es un accidente, una desgracia, sino la consecuencia de una oferta bien recibida de impunidad y protección. Es que Mauricio Macri sólo se ganó la vida en la construcción, como su ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, el subsecretario de Planeamiento Héctor Lostri y absolutamente todos los funcionarios relevantes que pudieron nombrar desde 2007. Otros sectores deben envidiar la red protectora que el gobierno porteño brinda a sus colegas.
Buenos Aires tiene un terreno suave y allanado, sin problemas sísmicos y apenas aguas de más allá abajo. Pero los viejos arroyos están mapeados desde siempre y todo el mundo sabe que en la costa se encuentran los esponjosos terrenos de los rellenos, con lo que se toman las precauciones técnicas necesarias. La razón excluyente para este tipo de accidentes es ahorrarse costos: las construcciones caen porque es más barato tirarse el lance de acortar la obra o evitarse gastos en terraplenados o submuraciones. Técnicamente, no hay ninguna justificación.
Macri asumió en diciembre de 2007 y prontamente empezaron a llover edificios. El 28 de abril de 2008 hubo seis heridos en Palermo cuando se derrumbó una obra recién empezada. En 2009 no hubo heridos ni muertos, pero para el año pasado se empezó a notar la maduración del sistema. Los derrumbes y accidentes comenzaron a acelerarse y el 8 de agosto ocurrió el de Villa Urquiza, idéntico al de la calle Bartolomé Mitre, que dejó tres muertos en el gimnasio vecino. Tres días después se cayó un pedazo de mampostería en Jonte y Condarco que hirió a una nena, y el 10 de noviembre hubo dos muertos y tres docenas de heridos en el boliche Beara. El 13 de febrero de este año se cayó una grúa en la obra de Las Cañitas, y exactamente dos meses después se derrumbaba una obra en la calle Lafinur, con tres heridos. El 3 de mayo moría una persona en Mataderos, el 19 de julio ocurrió otro milagro en Viamonte y Esmeralda –un derrumbe cinematográfico– y el 12 de agosto había un herido en Campana y Bacacay. El 27 de octubre los obreros salían corriendo de Independencia 2547, pero el primero de noviembre murió uno en la calle Directorio, Y ahora el señor Madueña. Ocho muertos y 47 heridos en tres años.
La respuesta del gobierno porteño en cada caso es idéntica, afirmar que no pueden poner un inspector en cada obra. Este aparente sentido común es falso por partida doble. Primero porque los inspectores sí van a las obras –y a boliches como Beara– y nunca ven nada fuera de lugar. Segundo porque nunca hubo ni habrá un policía en cada esquina, pero hasta los porteños no pasan los semáforos en rojo. Es que con las multas, las cámaras y el sistema de puntaje, hay “ambiente” de que tarde o temprano se paga la infracción y duramente.
Esa es justamente la garantía del macrismo a la industria, que no va a pagar ni mucho menos. Ahora la ciudad va a expropiar el edificio destruido y les pagará a los damnificados “a valor de mercado”, como dijeron los funcionarios. Esto toca la solidaridad de todos los que piensan en la desgracia bíblica de perderlo todo, pero transfiere el costo a los ciudadanos. ¿Y la empresa? ¿Y el arquitecto responsable? ¿Les harán juicio? ¿El CPAU llamará a un tribunal de ética?
Una curiosidad de toda esta desgracia es que el vocero del gobierno terminó siendo el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y no el de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que estrictamente hablando es el jefe de permisos, inspecciones y habilitaciones de la Ciudad. Que nadie mire a Chaín demuestra su poder real. El es quien se encarga de que no se reglamenten las leyes que afectarían a la industria de la construcción, como la 1227 de patrimonio o la más reciente que ordena inspeccionar los pozos de obra. Y es quien permite que se violen regularmente leyes aprobadas y reglamentadas de años, como la que impide construir torres al lado de inmuebles catalogados como patrimonio. Chaín se ocupó además en sus cuatro años de ministerio, de no hacer cosas como invertir en un cuerpo de inspección realmente capaz.
Una historia sin muertos ni heridos permite ver en detalle el nivel minucioso de impotencia a la que el macrismo redujo nuestra ciudad. Es la que cuenta la construcción de un edificio en French 2809, que arrancó hace menos de dos años y ya produjo un aluvión de denuncias, incluyendo penales, y un verdadero expediente administrativo de los gordos, sin resultado alguno. En Junín 2809 había un petit hotel afrancesado y de lo más “petit”, una planta baja y primer piso en un terreno irregular de algo menos de 100 metros cuadrados. A mano derecha, visto de enfrente, la casita tenía de vecino un sólido edificio racionalista. A mano izquierda, dos edificios notables y catalogados, la casa del artista Guillermo Klemm y un precioso edificio Déco. No sólo el lote era pequeño, sino que tenía los límites legales del entorno de edificios catalogados.
Pero las irregularidades empezaron desde el primer día. La casita comenzó a demolerse en julio de 2009, con un cartelito ilegible allá en las alturas. Luego apareció el permiso de demolición, fechado en diciembre de 2009. Resulta que el caso, aunque la casita era anterior a 1941, no pasó por el CAAP y tampoco se tuvo en cuenta aquello del entorno de las catalogadas. Para el verano de 2010 empezaron los trabajos y los problemas. Para empezar, el edificio no tenía cuatro pisos, como se permitía, sino ocho de doble altura. ¿Cómo se aprobó semejante cosa? Pues resulta que al ser de doble altura no se superaba la superficie máxima permitida y parece que nadie se acordó de la altura máxima permitida. El plano hasta tiene la observación oficial de que los empresarios prometen no hacer entrepisos y aumentar la superficie...
La obra fue un desastre para los vecinos. La casa Klemm presenta su frente carcomido sin piedad, con molduras rotas, y los vitrales de la claraboya fueron arruinados. El edificio del otro lado hasta se inundó en la tormenta de mayo del año pasado, porque le habían hecho unos puentes de madera a su espacio de escaleras por los que corrió el agua. El 17 de febrero la cosa se empezó a poner seria cuando de un mazazo alguien rompió la medianera y derramó ladrillos sobre la cama de una vecina, que por suerte se había levantado temprano. Terminó la policía presente, un acta de escribano con fotos, una denuncia en el CGP derivada a la autoridad competente, la dirección general de Fiscalización de Obras y Catastros, dependiente del ministro Chaín. Allí le dijeron a la vecina que “los papeles están en orden” y no quisieron entender que no era un problema de documentos sino de ladrillos cayendo.
La saga que siguió incluyó decenas de llamados al 147, el número de atención al público de la Ciudad, una fuerte recomendación de la Defensoría del Pueblo, amenazas verbales a la vecina –que incluyeron que la fotografiaran desde un auto y les dijeran a los albañiles que por culpa de ella se iban a quedar todos sin trabajo– y varias visitas de la policía. También hubo descubrimientos como que los ruidos eran fortísimos y las vibraciones tan destructivas porque el edificio se estaba ganando algún centímetro recortando las estructuras de sus vecinos. Según parece, el ancho del lote era algo menor de lo que figuraba en la escritura y querían “recuperar” la diferencia.
Las libertades que se tomaron los empresarios hasta incluyeron abrir ventanales –y no ventiletes de baños– en un par de pisos sobre la medianera a la casa Klemm. Los inspectores porteños comprobaron todo esto y no hicieron nada. Absolutamente nada: el edificio ya está terminado sin mayores problemas. Sólo la emperrada obstinación de la vecina logró que se abra hasta un sumario administrativo de la Agencia de Control, lo que hará más difícil la habilitación final. O no, porque siempre hay una solución.
El defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado, un hombre de frases certeras, suele decir que el principio que rige al gobierno porteño en estas cosas parece ser “in dubio, pro constructores”. Esto es, que son inocentes hasta cuando se demuestre su culpabilidad.
La retroexcavadora de la precariedad
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-56553-2011-11-12.html
Por Rafael Gentili *
A decir verdad, la ciudad de Buenos Aires en los últimos años no ha sido pobre en acontecimientos y “accidentes” que nos ponen frente a una realidad que, creo, debemos pensar como precariedad. En general, este término ha sido asociado a la precariedad laboral, a las condiciones de pobreza. Pero debemos ampliar las situaciones que englobamos bajo este término y, a la vez, mostrar las relaciones entre ellas. Se trata de pensar la precariedad como un rasgo que atraviesa una multiplicidad de situaciones cotidianas donde se instala la incertidumbre como horizonte.
El neoliberalismo como momento de destrucción de lo público y desguace del Estado fue un modelo que arrojó a vastos sectores de la población a condiciones de vulnerabilidad por la pérdida del empleo y del valor de sus ingresos. Pero existe otra dimensión de la precariedad, quizá más invisible, pero tan estrechamente vinculada con la destrucción del Estado como la anterior, y que parece no ser objeto de políticas tendientes a ponerle fin. Incluso no se ha colocado aún como tema de la agenda pública. Cromañón fue uno de esos acontecimientos que logró en su momento colocar el debate acerca de la ausencia del Estado como agente regulador y las múltiples maneras en que corrupción, negligencia de funcionarios e intereses privados, se mezclan. Pero existe otra serie de hechos, también con víctimas fatales, que dan cuenta de esta precariedad vinculada con la falta de controles y regulaciones imprescindibles para garantizar horizontes de certidumbre.
Los derrumbes en distintos barrios, que se vienen sucediendo hace por lo menos cuatro años y que mostró en Villa Urquiza una de sus versiones más dolorosas, no son accidentes. Son hechos que se producen por ausencia de controles efectivos y de dispositivos diseñados para evitarlos. Eso es una tarea básica del Gobierno de la Ciudad que la gestión actual parece no poder garantizar o quizá no querer hacerlo. Con esa ausencia de controles, algunos pocos ganan, pero la mayoría perdemos. Esta problemática debe formar parte de una agenda de seguridad ciudadana, porque el sentimiento de inseguridad y desprotección no sólo se vincula con el delito, sino también con estos hechos que muestran la fragilidad de una institucionalidad que no es capaz de producir horizontes de previsibilidad e instala la precariedad de la vida como certeza.
Pensando en soluciones, las comunas pueden sernos útiles. Entre sus facultades está la fiscalización y el poder de policía de las normas de uso de los espacios públicos, del suelo, de las obras y proyectos que tengan impacto comunal, con un cuerpo de inspectores y con la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y el control de los asuntos públicos.
* Presidente de la Comisión de Descentralización de la Legislatura porteña (Proyecto Sur).
Por Rafael Gentili *
A decir verdad, la ciudad de Buenos Aires en los últimos años no ha sido pobre en acontecimientos y “accidentes” que nos ponen frente a una realidad que, creo, debemos pensar como precariedad. En general, este término ha sido asociado a la precariedad laboral, a las condiciones de pobreza. Pero debemos ampliar las situaciones que englobamos bajo este término y, a la vez, mostrar las relaciones entre ellas. Se trata de pensar la precariedad como un rasgo que atraviesa una multiplicidad de situaciones cotidianas donde se instala la incertidumbre como horizonte.
El neoliberalismo como momento de destrucción de lo público y desguace del Estado fue un modelo que arrojó a vastos sectores de la población a condiciones de vulnerabilidad por la pérdida del empleo y del valor de sus ingresos. Pero existe otra dimensión de la precariedad, quizá más invisible, pero tan estrechamente vinculada con la destrucción del Estado como la anterior, y que parece no ser objeto de políticas tendientes a ponerle fin. Incluso no se ha colocado aún como tema de la agenda pública. Cromañón fue uno de esos acontecimientos que logró en su momento colocar el debate acerca de la ausencia del Estado como agente regulador y las múltiples maneras en que corrupción, negligencia de funcionarios e intereses privados, se mezclan. Pero existe otra serie de hechos, también con víctimas fatales, que dan cuenta de esta precariedad vinculada con la falta de controles y regulaciones imprescindibles para garantizar horizontes de certidumbre.
Los derrumbes en distintos barrios, que se vienen sucediendo hace por lo menos cuatro años y que mostró en Villa Urquiza una de sus versiones más dolorosas, no son accidentes. Son hechos que se producen por ausencia de controles efectivos y de dispositivos diseñados para evitarlos. Eso es una tarea básica del Gobierno de la Ciudad que la gestión actual parece no poder garantizar o quizá no querer hacerlo. Con esa ausencia de controles, algunos pocos ganan, pero la mayoría perdemos. Esta problemática debe formar parte de una agenda de seguridad ciudadana, porque el sentimiento de inseguridad y desprotección no sólo se vincula con el delito, sino también con estos hechos que muestran la fragilidad de una institucionalidad que no es capaz de producir horizontes de previsibilidad e instala la precariedad de la vida como certeza.
Pensando en soluciones, las comunas pueden sernos útiles. Entre sus facultades está la fiscalización y el poder de policía de las normas de uso de los espacios públicos, del suelo, de las obras y proyectos que tengan impacto comunal, con un cuerpo de inspectores y con la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y el control de los asuntos públicos.
* Presidente de la Comisión de Descentralización de la Legislatura porteña (Proyecto Sur).
lunes, 7 de noviembre de 2011
MAS DERRUMBES Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD SIGUE MIRANDO PARA OTRO LADO
http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/ataca-creciente-inseguridad_0_586141510.html
No se ataca la creciente inseguridad
06/11/11
PorDaniel Fernández Quinti
Esta vez el edificio avisó y hubo suerte. No siempre es así. El viernes, si el edificio no hubiera crujido, la historia hubiera sido otra. ¿Acaso, debe cambiar nuestra mirada sobre lo que no se puede tolerar más a partir de los muertos? Cuando el 9 de agosto cayó el gimnasio en Villa Urquiza no hubo aviso. Fue trágico: Maximiliano Salgado, Luis Lu y Guillermo Fede estaban entrenando y murieron. Colapsó la medianera del edificio de Mendoza al 5000 mientras una excavadora trabajaba en el lote vecino. Acusan al ingeniero a cargo de no haber cumplido con las medidas de seguridad y apuntalamiento del pozo.
En Bartolomé Mitre la investigación deberá determinar cómo y por qué la excavación terminó afectando los cimientos del edificio que se desplomó por falta de sostén por su propio peso.
Pero en general lo que no se ataca es la creciente inseguridad de las obras en construcción, principalmente por negligencias. La búsqueda de maximización de ganancias provoca la minimización de las condiciones de seguridad, entre otras cosas. No por nada las crónicas periodísticas viven destacando accidentes en la fase previa o en la primera fase de las obras: excavaciones de pozos –el momento del mayor riesgo– y colocación de las primeras losas. Lo mínimo que se reproduce son los casos de obreros lastimados. La excavación se hace rápido para pagar menos el alquiler de la máquina.
Tampoco alcanza con decir: “se controló”. Hay inspecciones ineficaces, a destiempo (50 días después de la denuncia), van y no encuentran a nadie, o llegan cuando la excavación ya ha terminado. Y hasta funcionarios que sostienen públicamente que en estas cuestiones los profesionales “se tienen que autoregular” tampoco ayudan a que el panorama cambie. Todo eso sucede en una Ciudad que promulga leyes que nadie cumple, salvo la antitabaco.
Hay quejas por las obras: lógicamente molestan, pero eso sería menor. Las negligencias no son castigadas. En Palermo, un aventurero hizo un edificio de doble ancho de frente sin cocheras –debía hacerlas– y tras el final de obra agregó un piso. El Gobierno porteño obligó a demolerlo pero una jueza lo negó. No pasó nada porque el sistema está armado para eso, garantiza negocio con impunidad, como en los juicios por accidentes de tránsito.
Y mientras no hay respuestas, hay gente que muere, otra queda herida, otros pierden sus casas. La industria avanza innecesariamente como una topadora y las víctimas, a los costados. Esperando reclamar.
No se ataca la creciente inseguridad
06/11/11
PorDaniel Fernández Quinti
Esta vez el edificio avisó y hubo suerte. No siempre es así. El viernes, si el edificio no hubiera crujido, la historia hubiera sido otra. ¿Acaso, debe cambiar nuestra mirada sobre lo que no se puede tolerar más a partir de los muertos? Cuando el 9 de agosto cayó el gimnasio en Villa Urquiza no hubo aviso. Fue trágico: Maximiliano Salgado, Luis Lu y Guillermo Fede estaban entrenando y murieron. Colapsó la medianera del edificio de Mendoza al 5000 mientras una excavadora trabajaba en el lote vecino. Acusan al ingeniero a cargo de no haber cumplido con las medidas de seguridad y apuntalamiento del pozo.
En Bartolomé Mitre la investigación deberá determinar cómo y por qué la excavación terminó afectando los cimientos del edificio que se desplomó por falta de sostén por su propio peso.
Pero en general lo que no se ataca es la creciente inseguridad de las obras en construcción, principalmente por negligencias. La búsqueda de maximización de ganancias provoca la minimización de las condiciones de seguridad, entre otras cosas. No por nada las crónicas periodísticas viven destacando accidentes en la fase previa o en la primera fase de las obras: excavaciones de pozos –el momento del mayor riesgo– y colocación de las primeras losas. Lo mínimo que se reproduce son los casos de obreros lastimados. La excavación se hace rápido para pagar menos el alquiler de la máquina.
Tampoco alcanza con decir: “se controló”. Hay inspecciones ineficaces, a destiempo (50 días después de la denuncia), van y no encuentran a nadie, o llegan cuando la excavación ya ha terminado. Y hasta funcionarios que sostienen públicamente que en estas cuestiones los profesionales “se tienen que autoregular” tampoco ayudan a que el panorama cambie. Todo eso sucede en una Ciudad que promulga leyes que nadie cumple, salvo la antitabaco.
Hay quejas por las obras: lógicamente molestan, pero eso sería menor. Las negligencias no son castigadas. En Palermo, un aventurero hizo un edificio de doble ancho de frente sin cocheras –debía hacerlas– y tras el final de obra agregó un piso. El Gobierno porteño obligó a demolerlo pero una jueza lo negó. No pasó nada porque el sistema está armado para eso, garantiza negocio con impunidad, como en los juicios por accidentes de tránsito.
Y mientras no hay respuestas, hay gente que muere, otra queda herida, otros pierden sus casas. La industria avanza innecesariamente como una topadora y las víctimas, a los costados. Esperando reclamar.
domingo, 16 de octubre de 2011
NUEVO TRIUNFO DE LOS VECINOS DE VILLA PUEYRREDON
Ponen límites a los edificios en más barrios de casas bajas
15/10/11
Lo decidió la Legislatura porteña en unas 50 manzanas de Villa Pueyrredón y en otras de Barracas. Fue tras los reclamos vecinales. Para preservar la identidad barrial no se podrá construir más de tres pisos.
PorEinat Rozenwasser
El jueves, la Legislatura porteña aprobó dos proyectos de rezonificación para sectores de Villa Pueyrredón y de Barracas, tal como se había hecho antes en Coghlan, Colegiales, Palermo y Caballito. Básicamente, pasaron de ser “Residencial General de Densidad Alta” a “Residencial General de Densidad Media Baja”, lo que significa que sólo se pueden construir edificios de hasta 12 metros .
La situación es parte de un circuito que se repite ante la falta de un Código Urbanístico actualizado que regule la construcción en la Ciudad, tal como establece el Plan Urbano Ambiental que entró en vigencia a principios de 2009. En un contexto que favorece el avance de la edificación en altura en los barrios de perfil residencial, los vecinos recurren a la Justicia o a la Legislatura para que intervengan en cuestiones que exceden al Código de Planeamiento Urbano vigente, sancionado en 1977 durante la Dictadura.
“La rezonificación propuesta permite una altura máxima sobre la línea oficial de 9 metros más un retiro hasta un pleno de 12 metros, que se asemeja al predominante en la zona. De esta manera se está desalentando la sustitución indiscriminada y se propone una densificación razonable que respeta el estilo paisajístico del barrio”, explicó el diputado Alvaro González (PRO), autor del proyecto para Villa Pueyrredón. La modificación afecta a unas 50 manzanas –la Ciudad tiene más de 12 mil– en el área entre las calles Gavilán, Mosconi, Condarco, Griveo, Av. San Martín, Carlos Antonio López, Llavallol, Mosconi, Campana y Vallejos. Es decir que incluye siete cuadras de la avenida Salvador María del Carril, donde la Justicia frenó la construcción de 13 torres.
Para Barracas se trabajó a partir de tres iniciativas que contemplaban diferentes polígonos con foco principal en las calles aledañas a las avenidas Montes de Oca y Martín García, donde las normas actuales permiten la construcción de edificios entre medianeras de planta baja y siete pisos sobre la línea oficial y se pone foco en preservar los ejemplos arquitectónicos de valor patrimonial , que representan diversas épocas, estilos y tipologías. En definitiva, proteger la identidad barrial .
“El del código es un planteo histórico, especialmente después de haber votado un Plan Urbano Ambiental que funciona como marco para tener una ciudad programada e integrada. Es la herramienta para no estar corriendo detrás de las situaciones individuales que se van multiplicando”, sostuvo Silvina Pedreira (PJ), presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.
La mejora económica tras la crisis de 2001 potenció la cantidad de obras. En los últimos diez años se duplicó la superficie construida (Ver página 6) y desbordó la estructura de la Ciudad. Al punto que, a fines de 2006, el entonces Jefe de Gobierno Jorge Telerman suspendió temporalmente los permisos de obra en zonas de Caballito, Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo y Villa Pueyrredón.
“El código vigente toma toda la Ciudad de la misma manera. Entonces, en los barrios se dan situaciones particulares. En Villa Pueyrredón, donde hay muchos pasajes, hay zonas sin centro de manzana y vecinos que se encuentran con una torre de siete pisos contra su jardín”, describió el legislador Eduardo Epszteyn, del Frente Progresista y Popular.
Ayer, durante la reunión con la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain informó que “se desarrolló el Modelo Territorial, que sienta las bases del proyecto de Código Urbanístico morfológico, que próximamente se elevará a consideración del Poder Legislativo”. Y el subsecretario de Planeamiento Héctor Lostri agregó que su área “finalizó la construcción de 84 indicadores de desarrollo urbano y de gestión”, que constituirán los ejes de este plan
15/10/11
Lo decidió la Legislatura porteña en unas 50 manzanas de Villa Pueyrredón y en otras de Barracas. Fue tras los reclamos vecinales. Para preservar la identidad barrial no se podrá construir más de tres pisos.
PorEinat Rozenwasser
El jueves, la Legislatura porteña aprobó dos proyectos de rezonificación para sectores de Villa Pueyrredón y de Barracas, tal como se había hecho antes en Coghlan, Colegiales, Palermo y Caballito. Básicamente, pasaron de ser “Residencial General de Densidad Alta” a “Residencial General de Densidad Media Baja”, lo que significa que sólo se pueden construir edificios de hasta 12 metros .
La situación es parte de un circuito que se repite ante la falta de un Código Urbanístico actualizado que regule la construcción en la Ciudad, tal como establece el Plan Urbano Ambiental que entró en vigencia a principios de 2009. En un contexto que favorece el avance de la edificación en altura en los barrios de perfil residencial, los vecinos recurren a la Justicia o a la Legislatura para que intervengan en cuestiones que exceden al Código de Planeamiento Urbano vigente, sancionado en 1977 durante la Dictadura.
“La rezonificación propuesta permite una altura máxima sobre la línea oficial de 9 metros más un retiro hasta un pleno de 12 metros, que se asemeja al predominante en la zona. De esta manera se está desalentando la sustitución indiscriminada y se propone una densificación razonable que respeta el estilo paisajístico del barrio”, explicó el diputado Alvaro González (PRO), autor del proyecto para Villa Pueyrredón. La modificación afecta a unas 50 manzanas –la Ciudad tiene más de 12 mil– en el área entre las calles Gavilán, Mosconi, Condarco, Griveo, Av. San Martín, Carlos Antonio López, Llavallol, Mosconi, Campana y Vallejos. Es decir que incluye siete cuadras de la avenida Salvador María del Carril, donde la Justicia frenó la construcción de 13 torres.
Para Barracas se trabajó a partir de tres iniciativas que contemplaban diferentes polígonos con foco principal en las calles aledañas a las avenidas Montes de Oca y Martín García, donde las normas actuales permiten la construcción de edificios entre medianeras de planta baja y siete pisos sobre la línea oficial y se pone foco en preservar los ejemplos arquitectónicos de valor patrimonial , que representan diversas épocas, estilos y tipologías. En definitiva, proteger la identidad barrial .
“El del código es un planteo histórico, especialmente después de haber votado un Plan Urbano Ambiental que funciona como marco para tener una ciudad programada e integrada. Es la herramienta para no estar corriendo detrás de las situaciones individuales que se van multiplicando”, sostuvo Silvina Pedreira (PJ), presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.
La mejora económica tras la crisis de 2001 potenció la cantidad de obras. En los últimos diez años se duplicó la superficie construida (Ver página 6) y desbordó la estructura de la Ciudad. Al punto que, a fines de 2006, el entonces Jefe de Gobierno Jorge Telerman suspendió temporalmente los permisos de obra en zonas de Caballito, Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo y Villa Pueyrredón.
“El código vigente toma toda la Ciudad de la misma manera. Entonces, en los barrios se dan situaciones particulares. En Villa Pueyrredón, donde hay muchos pasajes, hay zonas sin centro de manzana y vecinos que se encuentran con una torre de siete pisos contra su jardín”, describió el legislador Eduardo Epszteyn, del Frente Progresista y Popular.
Ayer, durante la reunión con la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain informó que “se desarrolló el Modelo Territorial, que sienta las bases del proyecto de Código Urbanístico morfológico, que próximamente se elevará a consideración del Poder Legislativo”. Y el subsecretario de Planeamiento Héctor Lostri agregó que su área “finalizó la construcción de 84 indicadores de desarrollo urbano y de gestión”, que constituirán los ejes de este plan
viernes, 23 de septiembre de 2011
Derrumbes: vecinos denunciarán a Macri por negligencia
http://www.elargentino.com/nota-159200-Derrumbes-vecinos-denunciaran-a-Macri-por-negligencia.html
Damnificados por desmoronamientos en edificios porteños convocaron a legisladores a una reunión en Palermo para las 18 de este viernes. “Queremos que los que estén pasando por esto se unan a nosotros”, afirmó Mariana Bustos, vecina de Palermo, en una entrevista con ElArgentino.com.
Por Diego Pintos
@diegopintos
Después de los casos de derrumbe en la ciudad de Buenos Aires, tanto en el expendio de comida rápida de McDonalds de Once, el boliche Beara y el Gimnasio de Villa Urquiza, entre otros casos, varios de los vecinos damnificados decidieron reunirse para encontrar una solución política, ante la falta de respuestas del Gobierno Porteño.
“La idea es convocar a los damnificados. Es una iniciativa nuestra, como ciudadanos, sin ningún interés político, y trataremos de darle difusión a este problema que hasta ahora no tiene solución por parte del gobierno de Macri. Y esta denuncia busca que los políticos puedan saber qué es lo que ocurre en realidad, y que puedan actuar en consecuencia, tanto en la Legislatura, como en el Congreso”, dijo Mariana Bustos, vecina de Palermo, y damnificada por derrumbes en su propio hogar.
“Yo tengo mi casa con peligro de derrumbe, incendio y electrificación de las paredes, todo certificado por el gobierno de la ciudad, a causa de una obra lindera en construcción, en Palermo”, sostuvo, y agregó: ¿Qué pasa con las habilitaciones y controles en esta ciudad? ¡Vas a un gimnasio y se te viene encima! ¡Vas a comer una hamburguesa y se te derrumba todo! Y después salen los funcionarios y dicen su modus operandi: estaba perfectamente habilitado”.
Algunos de los políticos que participarán de la reunión pactada para este viernes a las 18 en la esquina de Humboldt y Costa Rica, en Palermo, serán la diputada Delia Bisutti, María José Lubertino, Sergio Abrevaya, Julio Raffo, Samuel Cabanchik, Daniel Filmus, Pablo Pimentel por Derechos Humanos y Gerardo Gómez Coronado, Defensor del Pueblo adjunto.
“Lamentablemente hay una negligencia tremenda por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo la vecina en una entrevista con ElArgentino.com. “A raíz de mi problema y de otras causas abiertas nos empezamos a juntar los damnificados del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, los del derrumbe del boliche Beara y Fabián Rodríguez, marido de Nazarena Vélez, socios propietarios del ex cine Los Ángeles, al que pretendían habilitar como teatro”.
Bustos denunció que cuando los denunciantes se reunieron y compararon los casos, advirtieron que “los que firman en las tres causas, son los mismos funcionarios, que dan o no las habilitaciones. Si bien los procesos son diferentes, para nuestra sorpresa, los firmantes están metidos en todas estas causas, y pertenecen al gobierno de Macri”.
El caso de Fabián Rodríguez está siendo investigado por la Justicia Federal, “porque él pudo probar el pedido de coimas a través de escuchas telefónicas. Y cuando Nazarena Vélez cuenta en una entrevista, cuáles son los nombres de los funcionarios denunciados, me di cuenta que eran los mismos con los que yo había hablado por mi problema. Y ahora se está pidiendo –a nivel judicial- conexión entre las causas”, explicó Bustos.
La Legislatura porteña interpeló hace dos semanas a Javier Ibáñez, titular de la Agencia Gubernamental de Control, para que diese explicaciones sobre las irregularidades denunciadas en la AGC. “En esa reunión estuvimos, como invitados. Y después de escuchar la sarta de mentiras que dijo, decidimos convocar a todos los políticos para contarles la realidad de las cosas que estamos viviendo, y no esas mentiras que dijo Ibáñez. Porque al fin y al cabo ellos hacen pedidos de informes y quien responde es el Gobierno de la Ciudad que está imputado en todas las causas”.
“Después está el caso de Martín Farrell, que está imputado como funcionario público por el caso Beara y ahora quiere ser juez. ¡Y el que lo nombraría juez sería su propio padre! Entonces, en esta reunión, vamos a pedir que eso no pase”. Farrell -ex director de Habilitaciones y Permisos- está acusado por una presunta estafa en el trámite de habilitación del cine teatro Los Angeles. Farrell ahora tiene un cargo en la Procuración General de la Ciudad y aspira a ocupar un puesto como juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. “Los damnificados lo único que tenemos en común es la tragedia, nada menos”, lamentó Bustos.
Damnificados por desmoronamientos en edificios porteños convocaron a legisladores a una reunión en Palermo para las 18 de este viernes. “Queremos que los que estén pasando por esto se unan a nosotros”, afirmó Mariana Bustos, vecina de Palermo, en una entrevista con ElArgentino.com.
Por Diego Pintos
@diegopintos
Después de los casos de derrumbe en la ciudad de Buenos Aires, tanto en el expendio de comida rápida de McDonalds de Once, el boliche Beara y el Gimnasio de Villa Urquiza, entre otros casos, varios de los vecinos damnificados decidieron reunirse para encontrar una solución política, ante la falta de respuestas del Gobierno Porteño.
“La idea es convocar a los damnificados. Es una iniciativa nuestra, como ciudadanos, sin ningún interés político, y trataremos de darle difusión a este problema que hasta ahora no tiene solución por parte del gobierno de Macri. Y esta denuncia busca que los políticos puedan saber qué es lo que ocurre en realidad, y que puedan actuar en consecuencia, tanto en la Legislatura, como en el Congreso”, dijo Mariana Bustos, vecina de Palermo, y damnificada por derrumbes en su propio hogar.
“Yo tengo mi casa con peligro de derrumbe, incendio y electrificación de las paredes, todo certificado por el gobierno de la ciudad, a causa de una obra lindera en construcción, en Palermo”, sostuvo, y agregó: ¿Qué pasa con las habilitaciones y controles en esta ciudad? ¡Vas a un gimnasio y se te viene encima! ¡Vas a comer una hamburguesa y se te derrumba todo! Y después salen los funcionarios y dicen su modus operandi: estaba perfectamente habilitado”.
Algunos de los políticos que participarán de la reunión pactada para este viernes a las 18 en la esquina de Humboldt y Costa Rica, en Palermo, serán la diputada Delia Bisutti, María José Lubertino, Sergio Abrevaya, Julio Raffo, Samuel Cabanchik, Daniel Filmus, Pablo Pimentel por Derechos Humanos y Gerardo Gómez Coronado, Defensor del Pueblo adjunto.
“Lamentablemente hay una negligencia tremenda por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo la vecina en una entrevista con ElArgentino.com. “A raíz de mi problema y de otras causas abiertas nos empezamos a juntar los damnificados del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, los del derrumbe del boliche Beara y Fabián Rodríguez, marido de Nazarena Vélez, socios propietarios del ex cine Los Ángeles, al que pretendían habilitar como teatro”.
Bustos denunció que cuando los denunciantes se reunieron y compararon los casos, advirtieron que “los que firman en las tres causas, son los mismos funcionarios, que dan o no las habilitaciones. Si bien los procesos son diferentes, para nuestra sorpresa, los firmantes están metidos en todas estas causas, y pertenecen al gobierno de Macri”.
El caso de Fabián Rodríguez está siendo investigado por la Justicia Federal, “porque él pudo probar el pedido de coimas a través de escuchas telefónicas. Y cuando Nazarena Vélez cuenta en una entrevista, cuáles son los nombres de los funcionarios denunciados, me di cuenta que eran los mismos con los que yo había hablado por mi problema. Y ahora se está pidiendo –a nivel judicial- conexión entre las causas”, explicó Bustos.
La Legislatura porteña interpeló hace dos semanas a Javier Ibáñez, titular de la Agencia Gubernamental de Control, para que diese explicaciones sobre las irregularidades denunciadas en la AGC. “En esa reunión estuvimos, como invitados. Y después de escuchar la sarta de mentiras que dijo, decidimos convocar a todos los políticos para contarles la realidad de las cosas que estamos viviendo, y no esas mentiras que dijo Ibáñez. Porque al fin y al cabo ellos hacen pedidos de informes y quien responde es el Gobierno de la Ciudad que está imputado en todas las causas”.
“Después está el caso de Martín Farrell, que está imputado como funcionario público por el caso Beara y ahora quiere ser juez. ¡Y el que lo nombraría juez sería su propio padre! Entonces, en esta reunión, vamos a pedir que eso no pase”. Farrell -ex director de Habilitaciones y Permisos- está acusado por una presunta estafa en el trámite de habilitación del cine teatro Los Angeles. Farrell ahora tiene un cargo en la Procuración General de la Ciudad y aspira a ocupar un puesto como juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. “Los damnificados lo único que tenemos en común es la tragedia, nada menos”, lamentó Bustos.
viernes, 16 de septiembre de 2011
Un escape descontrolado
http://www.ciudad1.com/Notas-16121-Un-escape-descontrolado
http://www.larazon.com.ar/ciudad/fuga-tener-planos-construccion_0_277500016.html
El responsable de una obra en construcción se fugó cuando fue intimado por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) a presentar los planos correspondientes.
En un hecho sin precedentes, el arquitecto responsable de una obra ubicada sobre la calle Pacheco al 2725, en el barrio porteño de Villa Urquiza, simuló ir al estudio a buscar los planos exigidos por el inspector de la AGC y nunca volvió para presentarlos.
Luego de más de una hora de espera el Director de Obras de Dirección de Fiscalización y Control realizó la clausura inmediata y ordenó a quien estaba manejando la máquina excavadora que vuelva a colocar la tierra en el lugar, por razones de seguridad.
El martes, un equipo de inspectores se presentó en el lugar para constatar la clausura, y la misma seguía paralizada y sin actividad.
Al respecto, el Director Ejecutivo de la AGC, Ing. Javier Ibáñez, manifestó: "es inentendible e irracional cómo después de una tragedia como la del gimnasio de Villa Urquiza, del año pasado, a pocas cuadras del lugar realicen otra excavación en la que un supuesto profesional responsable evade impunemente los controles" y agregó: "vamos a seguir insistiendo con la prevención y los móviles de obras para que cada actor asuma y entienda las responsabilidades de cada uno en los roles que desempeñamos"
A raíz de denuncias recibidas, la AGC realizó un operativo de control en los barrios de Boedo y Balvanera, dónde se detectaron dos demoliciones sin permiso y una obra que funcionaba de manera ilegal.
Una obra sobre la calle Colombres al 1300 había sido intimada a paralizar los trabajos por no exhibir permiso ni los planos pertinentes. En una nueva inspección, se constató que seguían trabajando de manera ilegal (sin el cartel reglamentario) construyendo además 3 pisos que excedían a lo permitido en el aviso de obra, por lo que se procedió a la clausura.
A pocos metros del lugar (Colombres 1349) los inspectores labraron un acta de intimación a fin de "paralizar" una demolición que no contaba con el permiso respectivo. La medida es hasta que los responsables presenten la debida documentación, extremando las medidas de seguridad propias y hacia los linderos.
Por último, al 3050 de la Avenida Rivadavia se detectó otra demolición sin permiso y sin cartel, por lo cual se los intimó también a paralizar la obra bajo apercibimiento de clausura.
Cabe destacar que la sanción económica ante una clausura, va desde los 2.400 hasta los 24.000 pesos, según la magnitud de la obra y de los antecedentes del profesional o la empresa responsable.
http://www.larazon.com.ar/ciudad/fuga-tener-planos-construccion_0_277500016.html
El responsable de una obra en construcción se fugó cuando fue intimado por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) a presentar los planos correspondientes.
En un hecho sin precedentes, el arquitecto responsable de una obra ubicada sobre la calle Pacheco al 2725, en el barrio porteño de Villa Urquiza, simuló ir al estudio a buscar los planos exigidos por el inspector de la AGC y nunca volvió para presentarlos.
Luego de más de una hora de espera el Director de Obras de Dirección de Fiscalización y Control realizó la clausura inmediata y ordenó a quien estaba manejando la máquina excavadora que vuelva a colocar la tierra en el lugar, por razones de seguridad.
El martes, un equipo de inspectores se presentó en el lugar para constatar la clausura, y la misma seguía paralizada y sin actividad.
Al respecto, el Director Ejecutivo de la AGC, Ing. Javier Ibáñez, manifestó: "es inentendible e irracional cómo después de una tragedia como la del gimnasio de Villa Urquiza, del año pasado, a pocas cuadras del lugar realicen otra excavación en la que un supuesto profesional responsable evade impunemente los controles" y agregó: "vamos a seguir insistiendo con la prevención y los móviles de obras para que cada actor asuma y entienda las responsabilidades de cada uno en los roles que desempeñamos"
A raíz de denuncias recibidas, la AGC realizó un operativo de control en los barrios de Boedo y Balvanera, dónde se detectaron dos demoliciones sin permiso y una obra que funcionaba de manera ilegal.
Una obra sobre la calle Colombres al 1300 había sido intimada a paralizar los trabajos por no exhibir permiso ni los planos pertinentes. En una nueva inspección, se constató que seguían trabajando de manera ilegal (sin el cartel reglamentario) construyendo además 3 pisos que excedían a lo permitido en el aviso de obra, por lo que se procedió a la clausura.
A pocos metros del lugar (Colombres 1349) los inspectores labraron un acta de intimación a fin de "paralizar" una demolición que no contaba con el permiso respectivo. La medida es hasta que los responsables presenten la debida documentación, extremando las medidas de seguridad propias y hacia los linderos.
Por último, al 3050 de la Avenida Rivadavia se detectó otra demolición sin permiso y sin cartel, por lo cual se los intimó también a paralizar la obra bajo apercibimiento de clausura.
Cabe destacar que la sanción económica ante una clausura, va desde los 2.400 hasta los 24.000 pesos, según la magnitud de la obra y de los antecedentes del profesional o la empresa responsable.
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